Lucía Sepúlveda Ruíz, Chile

Joseph Borrell representante de la política exterior para la Unión Europea reivindicó en discurso ante parlamentarios europeos y latinoamericanos, el paradigma de los “descubridores y conquistadores”. Poco después, en diciembre de 2022, se firmaba el texto de la llamada “modernización” del Acuerdo de Asociación Chile/UE. Es un tratado de carácter neo-colonial por el cual los europeos avanzarán en sus metas de transición energética y electromovilidad, mientras Chile mantendrá su condición de país exportador de materias primas. Los costos ambientales, sociales y climáticos los pagará Chile.

La extracción del deseado litio y del hidrógeno “Verde” para producirlo, generarán enorme daño ambiental y social. Los territorios y ecosistemas donde se encuentra el litio y otros minerales, y también las comunidades indígenas, son testigos de los impactos de la explotación intensiva de los salares y el entorno. Por cada kilo de hidrógeno “verde” se usan 10 litros de agua dulce desmineralizados y energía a gran escala, generada a partir de la reconversión de territorios agrícolas, en sitios para proyectos fotovoltaicos o eólicos. El proceso se realiza en zonas ya fragilizadas por el extractivismo imperante en las últimas décadas.

Aunque en campaña el presidente Gabriel Boric se mostró crítico de los tratados de libre comercio negociados a espaldas de la ciudadanía, tempranamente se asoció con la derecha y los grupos económicos partidarios de los tratados, y revivió a la antigua Concertación (la coalición histórica de gobiernos de izquierda que mantuvo el modelo neo-liberal pinochetista durante la interminable transición a la democracia, sin diferenciarse esencialmente de gobiernos de otro signo político). Incluyó al llamado “socialismo democrático” en la coalición de gobierno que antes lideraba el Frente Amplio, y a la que también pertenecen el Partido Comunista y otros partidos pequeños. Boric jamás defendió como parlamentario la revuelta popular del año 2019, que movilizó a miles y miles de jóvenes y, al contrario, fue gestor de una salida institucional a la crisis: promovió el acuerdo de paz que salvó al gobierno de Sebastián Piñera, responsable de violación sistemática de los derechos humanos. Ese acuerdo fijó severos límites al proceso constitucional ideado para detener la revuelta. El masivo respaldo que obtuvo Boric en la elección presidencial tuvo que ver también con la voluntad de muchos votantes, de impedir el ascenso del ultraderechista José Antonio Kast.

El respaldo de Boric al modelo neoliberal fue visible para Chile Mejor sin TLC en el curso de la convención constitucional, por las votaciones de sus cercanos, que incluyeron el rechazo total a nuestra iniciativa popular para frenar los tratados de libre comercio. Además, hubo un nulo esfuerzo del gobierno del presidente Boric en favor del apruebo del plebiscito de octubre de 2022 sobre la nueva constitución. Ello contribuyó a la derrota de la propuesta popular, fuertemente debilitada por las fake news y la ofensiva comunicacional del bloque dominante, dueño de los medios de comunicación.

A 50 años del golpe cívico militar, personeros de la derecha entre ellos Hernán Larraín, ex ministro de justicia del dictador Augusto Pinochet, fueron designados por los partidos políticos del congreso como “expertos” redactores de una nueva consti-tución que reemplace la impuesta por Pinochet. La designación de Larraín ha sido ampliamente rechazada, entre otras organizaciones, por la Asociación de Víctimas de Colonia Dignidad, que lo considera cómplice “del lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, inhumaciones y exhumaciones ilegales de prisioneros políticos de la dictadura”. El gobierno y el congreso secuestraron la soberanía popular y el poder constituyente en un proceso calificado por el mundo social y popular, y los jóvenes organizados, como un fraude y una parodia imposible de validar.

Por todo ello, Chile Mejor sin TLC, está enfocado en el trabajo hacia los sectores populares que están sufriendo las consecuencias de la agudización de los aspectos más nefastos del modelo neoliberal en curso, expresado en destrucción del medio ambiente, falta de horizontes para las y los jóvenes, alza del costo de vida, crecimiento de sectores neo-fascistas, represión a los sectores movilizados y una creciente militarización de los territorios indígenas.

Rechazo al neocolonialismo: Nosotros vamos por el rechazo al tratado, que debiera votarse a fines de 2023 en Europa y Chile, y favorece a los sectores empresariales vinculados a la minería, la energía y el agronegocio, entre otros. El capítulo sobre energía y materias primas, incorpora cláusulas que recortan la capacidad del estado de decidir cómo regular sus bienes comunes naturales. Obligan a aplicar las reglas del mercado internacional y de precio internacional para vender a la UE. Si Chile aplica impuestos o condiciona una inversión exigiendo transferencia de tecnología, ello se consideraría una barrera técnica al comercio. Chile estará obligado a vender el litio exportado a la UE al mismo precio que a un empresario nacional o a un país vecino y las carreteras y sistemas interconectados que se generen, no podrán tener impuestos especiales ni compensaciones.

Este acuerdo, por otra parte, contribuirá a que en la UE se incentive el uso del automóvil en vez de, por ejemplo, priorizar el transporte público.

La Red de Acción en Plaguicidas, que forma parte de Chile Mejor sin TLC, ha planteado que el acuerdo debiera haber garantizado que se prohíba la exportación a Chile de todos los plaguicidas prohibidos en Europa. La UE podrá seguir exportando a Chile los más de 50 plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en la UE y registrados en Chile si no hay políticas en la UE que terminen con el doble estándar actual.

Los capítulos de género se utilizan en este y otros tratados como un señuelo para mostrar progresismo y feminismo, y sólo tienen un objetivo declarativo, de cumplimiento con la check list de incorporar temas emergentes, pero profundiza el extractivismo minero, forestal y del agronegocio cuyos impactos recaen finalmente en las mujeres y sus tareas de cuidado. Son ellas quienes deben resolver temas de enfermedades de sus hijes o maridos por la contaminación en territorios mineros; por carecer de agua no pueden llevar adelante sus huertas, ni contar con alimentación sana y medicina natural, debido a la extensión permanente de los monocultivos forestales y de frutas de exportación, o se ven afectadas ellas mismas por enfermedades de tipo reproductivo o cánceres. El cáncer ha pasado a ser la primera causa de muerte en Chile en los últimos años, por sobre los accidentes vasculares, y ello está ligado a las condiciones de trabajo imperantes en el país y el tipo de alimentación que de ello deviene.

El día anterior a la firma del tratado con la UE por la ministra Urrejola, 500 organizaciones incluyendo parlamentarios y personalidades de la UE y de Chile, se declararon en contra de la modernización del acuerdo de asociación entre la UE y Chile.

El gobierno de Chile mantiene silencio total sobre la demanda internacional del concesionario francés (Group ADP) del aeropuerto de Pudahuel, por haber bajado sus ganancias en la pandemia debido a las medidas adoptadas por Chile. Este es solo un ejemplo de como los tratados de libre comercio y/o tratados bilaterales de inversión, desafían nuestras políticas públicas. Hay otro caso pendiente, con la empresa sanitaria Suez de Francia, que anunció demanda por finalización de su contrato luego del vertido de petróleo en la planta de agua potable de Collipulli, en el sur del país. Por eso, parte de nuestra estrategia es develar cómo los recursos fiscales se irán hacia los bolsillos de las transnacionales debido a estas demandas que muy a menudo pierden los países periféricos. Así faltará presupuesto públi-co para fortalecer los fondos destinados a avanzar en salud, vivienda, educación, trabajo digno para los jóvenes, y recuperación del agua para las comunidades y la naturaleza, entre otros aspectos.